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5.- DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS,
CONFLICTOS Y DESARROLLO SOSTENIBLE
La adopción en 1948 por la comunidad internacional de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en 1993 de la Declaración y el
Plan de Acción de Viena, significaron hitos importantes en la lucha
por la dignidad plena del ser humano, pero su cabal aplicación a
escala global no puede desconocer la diversidad política, económica,
social y cultural del mundo en que vivimos ni que los derechos humanos
son universales, indivisibles e interdependientes y por tanto, la
violación de uno de estos afecta de una forma u otra el goce efectivo
o la posibilidad de ejercer todos los otros.
Esa aplicación requiere, por tanto, terminar con la situación de
discriminación en que la política de las potencias occidentales ha
situado a los derechos económicos, sociales y culturales en
comparación con los civiles y políticos. En este sentido, resulta
inaceptable la situación de olvido o de segunda categoría en que
tratan de mantener a derechos humanos fundamentales que afectan
intereses colectivos vitales, como son el derecho al desarrollo y a la
libre autodeterminación de los pueblos.
La pobreza no es meramente un problema social y económico, sino que
constituye también la más grave e injusta violación de los derechos
humanos, tanto de los sociales, económicos y culturales, como de los
civiles y políticos. Producto de la inequidad reinante en el mundo de
hoy, la pobreza priva a millones de personas de su derecho humano al
trabajo y mantiene la discriminación contra las minorías, practicada
por autoridades y organizaciones en los EE.UU. y Europa, en evidente
violación de los derechos fundamentales del hombre. Por otra parte, al
amparo de las políticas neoliberales, las instituciones financieras
internacionales como el FMI imponen severos recortes a los
presupuestos para fines sociales (salud, educación y otros) de los
países deudores. Estos programas de ajustes no solo atentan contra los
derechos humanos de amplias capas sociales sino que además impiden
cualquier esfuerzo para alcanzar el desarrollo sostenible.
Haría una larga lista enumerar otras violaciones de los Derechos
Humanos por quienes con una doble moral pretenden ser jueces supremos
de los países del Sur en ese tema. Es hora ya de terminar con tales
pretensiones, porque cada vez es más evidente que tras semejante
actitud se esconden viejos apetitos imperiales dirigidos a sojuzgar a
otros pueblos imponiéndoles la escala de valores, el sistema económico
y las formas de gobierno del mundo desarrollado.
La democracia entendida como el gobierno del pueblo y para el pueblo,
no puede ser formal y ha de ser realmente participativa y de beneficio
para las grandes mayorías populares y no de élites poderosas que
ostentan el poder a expensas de sus pueblos. Por tanto, es un concepto
dinámico cuyo contenido está determinado por las condiciones
económicas, políticas, jurídicas y sociales de una sociedad
determinada y es imperativo respetar el derecho de los pueblos a
elegir los respectivos sistemas políticos, económicos y sociales, que
consideren dan respuesta a sus problemas y aspiraciones, como está
consagrado en el Derecho Internacional.
Debemos estar alertas en relación con la manipulación de algunos
conceptos además del de democracia, como son los de "buen gobierno",
"derechos humanos" y otros, pues generalmente son utilizados para
perfeccionar los mecanismos de dominación por los países poderosos. Es
una ironía, y una burla además, que el Gobierno de los Estados Unidos
de América, que contrariamente a la opinión internacional, utiliza el
bloqueo económico y comercial como elemento de coacción y en el caso
de Cuba ha violado sistemáticamente todos los derechos de nuestro
pueblo, trate de presentarse como el principal defensor del "buen
gobierno" y de los derechos humanos. Estos enfoques están dirigidos a
los países subdesarrollados para cuestionar y controlar los manejos de
sus asuntos domésticos. La intromisión en estos asuntos es inaceptable
y mucho más si se toman tales criterios como condicionantes a la
recepción de la ayuda financiera o de la transferencia tecnológica.
Ante esta situación y para revertirla, se requiere promover una
democracia participativa que se está convirtiendo en un movimiento
mundial. Una fuerte sociedad civil y un sistema donde las
organizaciones e instituciones intervengan y participen efectivamente
en el desarrollo de la vida social y en los procesos de toma de
decisiones, en la que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer
sus derechos y tengan acceso a procedimientos administrativos y
judiciales transparentes e imparciales cuando consideren que estos han
sido violados.
Igualmente reclamamos el derecho de los pueblos de los países en vías
de desarrollo a recurrir a instancias administrativas y judiciales
internacionales, transparentes e imparciales, cuando sus derechos son
violados por las empresas transnacionales, o por las decisiones que se
adoptan en las instancias financieras internacionales tales como el
FMI y el Banco Mundial, en las cuales imponen sus intereses los países
desarrollados, basándose en la antidemocrática repartición de los
votos y por tanto del poder de decisión.
6.- ASEGURAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS NEGOCIOS ALREDEDOR
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
Los últimos años del siglo XX se caracterizaron por una ofensiva de
las mega empresas y transnacionales, orientada a destruir, por
cualquier vía, las medidas de apoyo a la industria nacional
implementadas por numerosos estados del Tercer Mundo. Su política
emblemática -el neoliberalismo- partió del supuesto de que eran
veraces una serie de sofismas encaminados a confundir a las grandes
masas: crecimiento económico equivale a desarrollo, la equidad frena
la eficiencia; el mercado "libre" es el instrumento perfecto para
resolver los problemas acumulados; el Estado es incompetente
económicamente; el Estado Paternal frena el desarrollo de la
iniciativa creadora; las empresas transnacionales son portadoras del
desarrollo; lo que beneficia a las mega empresas beneficia a los
países y a los pueblos; la solución a la deuda pública es reducir los
presupuestos de salud, educación y seguridad social, entre otros.
Si se tiene en consideración el avanzado efecto negativo del
neoliberalismo y de las empresas transnacionales como promotores del
desarrollo humano, todas las medidas que conduzcan a multiplicar su
grado de libertad e independencia constituyen un apoyo significativo a
la oligarquía internacional en momentos en que su acción es nefasta
para los intereses populares.
Corresponde a los países trazar sus propias estrategias de desarrollo,
como también la capacidad para movilizar sus recursos propios se
convierte en un factor decisivo en esos esfuerzos. Sin embargo, la
historia más reciente del desarrollo demuestra que esa capacidad
movilizativa está asociada directamente a los patrones de generación,
distribución y apropiación de la riqueza en estos países. En los
últimos sesenta años, las experiencias de promoción del desarrollo no
han alcanzado su objetivo, en primer lugar, por la incapacidad de
introducir reformas estructurales radicales y duraderas en los flujos
productivos, el perfil de distribución de los ingresos y los términos
de relaciones económicas externas de los países del Sur. En efecto, se
observa el mantenimiento y profundización de estructuras productivas y
de distribución excluyentes que poco o nada ayudan a los propósitos de
desarrollo.
En el mundo de hoy por cada dólar que se mueve con una contrapartida
productiva, se mueven en otra dirección de 30 a 50 dólares sin
contrapartida y en ocasiones hasta 100 de esa moneda. Tales dinámicas
engendran las denominadas burbujas financieras que explotan en
cualquier momento y que inexorablemente llevan a la quiebra a países y
regiones enteras. En ello tienen una gran responsabilidad los Bancos
más grandes del mundo, que son quienes controlan los flujos
financieros internacionales, sean de origen estadounidense, europeo o
japonés, los que no se someten al dictamen de ningún Estado ni control
financiero internacional.
Los últimos veinte años de predominio neoliberal son una prueba
inobjetable de que el crecimiento del producto y de la riqueza, aun
insuficientes, no conduce automáticamente al desarrollo. Tampoco el
orden económico internacional vigente, sobre la base de esos mismos
postulados neoliberales, ha propiciado flujos crecientes de recursos
en condiciones adecuadas hacia los países subdesarrollados, ni acceso
adecuado para los bienes y servicios de estos países a los principales
mercados del mundo. Las fallas internas han sido reforzadas por esas
otras fallas externas, lo que ha conducido a un continuo proceso de
ampliación de la brecha de ingresos y niveles de vida entre ricos y
pobres.
En realidad, el logro del desarrollo sostenible y la reducción de la
pobreza se verían favorecidos por una combinación entre la
movilización efectiva de recursos internos y una administración
racional de los recursos disponibles, tanto internos como externos. Es
importante, tener en cuenta que estos últimos, según su naturaleza,
objetivos y destinos, pueden favorecer o perjudicar a las economías
receptoras.
Sin embargo, para lograr un crecimiento basado en el esfuerzo propio,
primeramente deben crearse las capacidades para generar esos recursos,
lo que resulta imposible con las políticas impuestas a la mayoría de
nuestros países. En primer lugar, se precisa de un cambio hacia
políticas macroeconómicas autónomas que generen cambios estructurales,
de forma tal que estimulen el ahorro interno, consoliden las finanzas
públicas y aseguren una fuente endógena de recursos a largo plazo.
Cada país debe ser libre de aplicar soluciones especificas a sus
problemas particulares, bajo el principio del respeto a la soberanía y
al tipo de sistema socioeconómico.
7.- CONVERTIR A LA OMC, EL BM Y AL FMI EN APOYOS AL DESARROLLO
SOSTENIBLE
El comercio internacional es un factor fundamental para alcanzar el
desarrollo. En las condiciones actuales las economías subdesarrolladas
se ven sensiblemente afectadas por los precisos deprimidos de sus
principales productos de exportación (básicos), el deterioro de los
términos de intercambio, y las prácticas proteccionistas y
discriminatorias de los países industrializados, que afectan los
ingresos de los países subdesarrollados.
Las ONGs cubanas ratifican su reclamo por un nuevo Orden Económico
Internacional, la eliminación del intercambio desigual y una solución
justa y adecuada de la deuda externa, sin lo cual la liberalización
comercial no conducirá al desarrollo sostenible.
Es necesario que las normas de comercio beneficien realmente a todos
los países y no sólo a aquellos que gozan de ventajas competitivas
adquiridas a costa del saqueo histórico de los demás. El sistema
multilateral de comercio deberá basarse en el predominio real de las
normas aceptadas por todos y no en la imposición de la ley del más
fuerte o la aplicación extraterritorial de las leyes de las grandes
potencias económicas. Al igual, debe basarse en la consideración de
las condiciones particulares de los países subdesarrollados y en el
tratamiento diferenciado y preferencial de los mismos, con el objetivo
de ayudar a su desarrollo e integración al mercado y la economía
mundiales. No es admisible, por tanto, que se imponga a los países
subdesarrollados la liberalización a ultranza de sus mercados,
mientras la generalidad de los países desarrollados mantiene los
subsidios a su agricultura, la pesca y la industria, lanzando a la
marginalidad y la miseria a millones de hombres y mujeres,
agricultores y pescadores del tercer mundo y acentuando la dependencia
en materia alimentaria.
Siete años de funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio,
que sucedió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT),
no han logrado cambiar los desequilibrios entre países desarrollados y
subdesarrollados en el comercio internacional, y sí han propiciado la
expansión comercial de las transnacionales hacia los países del Tercer
Mundo. La actual interdependencia entre naciones y los diferentes
niveles de desarrollo, establecen la necesidad impostergable de
revertir tales desigualdades, a lo que debieron contribuir, sin éxito,
los Acuerdos surgidos de la cuarta Conferencia Ministerial de la OMC,
dado los compromisos alcanzados, tanto para la solución de las
cuestiones de aplicación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, aún
pendientes, como en la nueva Ronda Comercial Multilateral.
Resulta indispensable que en el contexto de las nuevas negociaciones
que está relanzando una vez más el sistema multilateral de comercio,
en las que han de participar países industrializados y
subdesarrollados, se establezcan principios que, aunque basados en la
búsqueda de beneficios mutuos, tengan en cuenta las responsabilidades
diferenciadas entre unos y otros. Los países industrializados han de
ajustar sus políticas comerciales con el fin de mejorar el acceso a
los mercados de las exportaciones de países subdesarrollados, y otorga
un trato especial y diferenciado a estos, la eliminación de los
fuertes subsidios y las barreras a los no agricultores, aranceles que
aún prevalecen. El Tercer Mundo, en especial los países de menor
desarrollo, no ha recibido los beneficios de la globalización,
habiendo sido excluidos de ese proceso y, por tanto, se han
profundizado los desequilibrios y las asimetrías en las relaciones
económicas internacionales. La crisis del modelo de globalización
neoliberal exige diseños, enfoques y soluciones que se correspondan
con la magnitud y gravedad de los problemas actuales.
Aunque las funciones de la OMC son en rigor atender los acuerdos
contractuales entre los países miembros, asistir a las negociaciones
para dar ingreso a nuevos miembros y mantener el Mecanismo de Solución
de Controversias, esta institución puede jugar un importante papel en
cuanto a la sostenibilidad propiciando un análisis diferenciado acerca
de las consecuencias para la sostenibilidad de las actuales políticas
comerciales.
Se trata de conocer si existen consecuencias o efectos colaterales
desfavorables encubiertos para el autoabastecimiento energético y
alimentario y más generalmente para la seguridad alimentaria y
energética. No se trata de encubrir ineficiencias de la gestión
económica particular, sino de poner de manifiesto potenciales efectos
estructuralmente negativos encubiertos entre las bondades del libre
comercio.
Para que los países subdesarrollados recuperen la confianza en el
sistema multilateral de comercio, es necesario eliminar realmente los
desequilibrios existentes en los acuerdos de la OMC, entre otros, el
uso y abuso por parte de los países desarrollados de las medidas
antidumping y de los derechos compensatorios, así como mejorar
sustancial y verdaderamente el acceso a los mercados industrializados
de las exportaciones del Tercer Mundo, al igual que el otorgamiento, a
cabalidad, de un trato especial y diferenciado a los países
subdesarrollados, que vaya más allá del limitado reclamo de las
prórrogas o períodos de gracia para la aplicación de los compromisos
ya contraídos, lo que si bien resulta imprescindible, no resuelve los
problemas actuales.
Reformar el sistema monetario y financiero vigente no sería lo más
efectivo, pero parece ser lo único alcanzable en el contexto actual.
Por tanto, se impone una concertación de los países subdesarrollados
para lograr una reforma efectiva y radical de la actual arquitectura
financiera internacional. Lo óptimo sería desmantelar las
instituciones financieras actuales que resultan obsoletas, y crear
nuevas instituciones multilaterales que no estén regidas
exclusivamente por el G-8, que fueran más justas, democráticas,
coherentes y que se insertaran además en un orden económico
internacional de nuevo tipo, que redefina los patrones de
funcionamiento de la economía mundial, teniendo en cuenta una
inserción transparente, real, justa, equitativa de los países
subdesarrollados. No se concibe una reforma que no sea ampliamente
discutida por todos los países, que no incorpore en la agenda aquellos
temas esenciales que le atañen al grupo más vulnerable dentro del
tablero económico mundial. Tenemos que convertirnos en actores y no en
simples espectadores del diseño de una nueva arquitectura financiera
internacional.
Es una necesidad imperiosa que se condone y elimine la insostenible
carga de la deuda externa. La deuda de los países subdesarrollados ha
sido un excelente negocio para la banca acreedora y un azote para los
gobiernos endeudados. En 1990, el mundo subdesarrollado tenía una
deuda de alrededor de 1,4 millones de millones de dólares y en el año
2000 esa cifra era de 2,5 millones de millones. Solamente por concepto
de servicio de la deuda, se pagaron en el transcurso de la década casi
3 millones de millones de dólares, que representa mucho más que el
incremento de la deuda en el mismo período. No sería descabellado
pedirle a los acreedores que se compensara a los deudores por los
profundos desequilibrios económicos y sociales generados en sus países
como resultado de las políticas que se han visto obligados a
implementar para manejar el endeudamiento externo.
La condonación de la deuda, sin embargo, no resuelve por sí sola el
problema medular del fenómeno del endeudamiento; si bien constituye un
alivio muy necesario para los deudores, si la misma no va acompañada
de mecanismos que garanticen un flujo de recursos sostenido en
condiciones concesionales y una verdadera inserción en una economía
mundial cada vez más global, el problema tiende a multiplicarse en el
tiempo. Se necesita, por tanto, un nuevo "orden económico
internacional" que redefina los patrones de funcionamiento de la
economía mundial en función de los países subdesarrollados.
La política del BM y el Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) en
cuanto al financiamiento del desarrollo sostenible ha estado dirigida
esencialmente hacia aquellos proyectos que generan beneficios globales
en mayor medida que los beneficios nacionales.
En este sentido resulta importante estudiar la ampliación de la
cartera de proyectos con financiamiento proveniente de estas
instituciones con los siguientes objetivos:
-Proyectos para asimilación de tecnologías limpias y utilización de
energías renovables basados en estudios internacionales que avalen los
"costos de asimilación de tecnologías", con efectos comprobados sobre
la sostenibilidad de las economías.
-Proyectos para garantizar el desarrollo de tecnologías y políticas
relacionadas con el ahorro y uso adecuado del agua potable, con
efectos comprobados sobre la sostenibilidad de las economías.
-Proyectos de carácter socio-ambiental enfocados al desarrollo
sostenible que permitan incrementar la cooperación sur-sur y la
transferencia de tecnología entre estos países.
En el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, correspondiente al año
2001, se señala que "las políticas nacionales no bastarán para
compensar las fallas de los mercados mundiales. Se necesitan nuevas
iniciativas internacionales y una aplicación equitativa de las normas
mundiales, a fin de encauzar a las nuevas tecnologías hacia las
necesidades más urgentes de los pobres del mundo". Sería conveniente
que, adicionalmente a las nuevas iniciativas internacionales, se
realicen esfuerzos concretos e inmediatos para que reorienten los
recursos destinados a gastos militares, y ponerlos en función del
desarrollo, y apliquen el impuesto Tobin, las cuales han quedado solo
como buenas intenciones.
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