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8.- CREACIÓN DE MOVIMIENTOS SOCIALES
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
La participación ciudadana ha demostrado ser un elemento fundamental
para la consolidación de la democracia y una base esencial para el
desarrollo sostenible, y en las localidades en las que ha faltado la
consulta previa a la toma de decisiones, los problemas sociales y
ambientales se han agudizado. Pero, tanto la participación ciudadana,
como los movimientos sociales que de ella dimanan, requieren para la
lucha, en primer lugar, de un mayor acceso a la educación a todos sus
niveles y un adecuado conocimiento de la realidad internacional y de
las luchas de otros grupos y ONGs, por lo que el Foro Global de la
Sociedad Civil, a propósito de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Sostenible, es una oportunidad para intercambiar experiencias, ganar
alianzas y multiplicar los escenarios de enfrentamiento a la
globalización neoliberal, el principal enemigo de los movimientos
sociales.
La situación actual del mundo urge multiplicar los espacios de debate
en estos momentos de grandes cambios, globalización económica,
revolución en la tecnología de las comunicaciones e información, en un
marco de respeto a todos los derechos humanos convenidos en las
Naciones Unidas. Como una de las acciones más inmediatas que instamos
a desarrollar a todos los actores de la sociedad civil está
incrementar nuestra relación con las Naciones Unidas. Corresponde ser
a las ONGs la conciencia crítica de sus sociedades, y por tanto velar
por el cumplimiento de los acuerdos intergubernamentales alcanzados en
las Naciones Unidas. Con ello se fortalecería a este organismo
internacional. Es en esta organización y no en otra donde debemos
asentar nuestras esperanzas por un mundo mejor.
Todos los actores de la sociedad civil tienen, además, que promover y
luchar por modelos alternativos de desarrollo, que contemplen la
equidad y la justicia sociales y patrones sostenible de producción y
consumo compatibles con la Biosfera. Así como no escatimar recursos ni
tiempo en denunciar la conducta depredatoria de gobiernos, empresas y
transnacionales, que no hacen más que adelantar la destrucción del
planeta.
Si bien ha sido la manifestación, la pancarta, la denuncia, el lema y
la marcha los que han distinguido a los movimientos sociales, muchas
ONGs de las cuales son parte también, contribuyen con esta lucha
haciendo posible a nivel local el desarrollo sostenible con proyectos
de cooperación, lamentablemente de incidencia restringida. Con la
implementación de dichos proyectos, muchas ONGs detectan y contribuyen
a solucionar aquellos problemas que deben ser resueltos por el Estado.
9.- LA SITUACIÓN ACTUAL DE CUBA Y EL PAPEL DE LAS ONGS CUBANAS EN
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
A pesar de las dificultades económicas que Cuba afronta como
consecuencia del recrudecimiento del bloqueo norteamericano y de la
desaparición de la URSS y del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME),
con quienes tenía relaciones comerciales básicas y fluidas, la
decisión del gobierno de dar priorizada atención a los problemas
ambientales, se ha expresado no solo en la creación del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, sino en la responsable política
ambiental establecida y la institucionalización de esta, plasmadas en
la promulgación de la Ley No. 81, del año 1994, que regula las
acciones ambientales nacionales de acuerdo con los compromisos
contraídos en la Cumbre de Río en el año 1992. Con este proceso, los
hechos aislados de protección ambiental de instituciones y organismos,
característicos de antes de 1993, dieron paso a un trabajo más
sistemático de planificación y de seguimiento. Así se encauzaban las
preocupaciones de personalidades y ONGs del país de desarrollar la
economía sin descuidar la protección del medio ambiente. Si Cuba no ha
hecho mucho más de lo que ha alcanzado en estos últimos cuarenta años,
ha sido porque el bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América a
la Isla desde 1962 se ha convertido en el principal freno al
desarrollo del país, lo cual es contrario a la Carta de las Naciones
Unidas y a otros convenios y pactos internacionales.
Aunque en Cuba la disponibilidad del agua es limitada porque no
existen ríos de gran longitud y caudal y la distribución de la red
fluvial es irregular para todo el país, el Estado ha realizado
numerosas inversiones en infraestructura hidráulica que permiten
disponer de un volumen anual de 13 mil 280 metros cúbicos, alrededor
del 55 por ciento de los recursos hidráulicos potenciales. En el año
2000 el 90.15 por ciento de la población tenía acceso al agua potable.
Cada año se destinan mayores recursos para estos fines, lo que
permitió hasta ese año una cobertura de agua potable en el área urbana
del 98.3 por ciento y en la rural del 82 por ciento, cifra que se está
incrementando con la construcción de nuevas redes de acueductos por el
Estado y las ONGs en coordinación con la población de las localidades.
Respecto al saneamiento, el 96.3 por ciento de la población urbana
dispone de servicios de alcantarillado, fosas y letrinas, mientras que
el 82.4 por ciento del área rural dispone de algunos de estos
servicios, fundamentalmente fosas sépticas y letrinas.
El estado cubano destina una gran cantidad de recursos para adquirir
combustibles sin que por ello se descuide el desarrollo de programas
de alta significación social que garantizan el acceso de toda su
población a mejores servicios de educación, salud, comunicaciones, las
más modernas tecnologías informáticas y la elevación de sus niveles de
alimentación. El 95 por ciento de la población del país recibe
suministro de energía eléctrica. Entre los principales programas se
encuentra el de la introducción masiva de las fuentes renovables, con
especial énfasis en la instalación de módulos de paneles fotovoltaicos
para suministrar electricidad a poblados, viviendas aisladas,
escuelas, clínicas, consultorios médicos y otros consumos sociales en
zonas rurales sin acceso a las redes eléctricas. En los últimos años
se ha promovido la utilización de la energía eólica, el empleo de las
mini hidroeléctricas y la obtención de energía a partir del biogas.
Esto demuestra incuestionablemente que cuando existe voluntad política
real, es posible avanzar en la solución de problemas sociales básicos,
asimilando y difundiendo progresivamente la aplicación de tecnologías
sostenibles.
Hasta 1959, la devastación de los bosques tuvo las dimensiones de un
desastre ecológico. En ese año el territorio nacional disponía de solo
el 14 por ciento de superficie boscosa. Al cierre del año 2001, las
áreas forestales del país eran del 21.6 por ciento. Esta política
estatal -una de las pocas en el mundo que ha logrado un crecimiento
sostenido de su área de bosque en los últimos años- ha sido efectiva
gracias a la participación voluntaria y comprometida de millones de
personas en los planes locales de reforestación. Similar prioridad
tiene también el proceso de recuperación de los suelos. El desarrollo
de las investigaciones científicas en esta esfera está dirigido a
apoyar a los principales programas ambientales como los de
conservación y rehabilitación de los suelos, la lucha contra la
desertificación y la sequía, las cuencas hidrográficas, la
reforestación, el Plan Turquino Manatí, así como al Sistema Nacional
de Áreas Protegidas, entre otros. Durante el período comprendido entre
1969-1990, la agricultura absorbió el 25 por ciento de las inversiones
nacionales, y diez años después, ese sector recibió el 56 por ciento
de las mismas.
El respeto a los ecosistemas y a su biodiversidad, constituye un alto
compromiso nacional. Cuba, como parte del Caribe insular ha potenciado
su desarrollo turístico dando especial énfasis al manejo sostenible de
sus recursos terrestres, marinos y costeros. Para ello, se ha
propuesto el establecimiento de una red de 258 áreas protegidas que
cubren un 22 por ciento del territorio nacional, lo cual constituye
una muestra de los avances alcanzados en este sentido.
En Cuba, la pandemia del SIDA aún se mantiene en grupos reducidos, por
lo que está catagolada como de bajo nivel; la cantidad de personas
infectadas en relación con su población total, es la más baja en
América Latina y menor que la de la mayoría de los países
desarrollados. Desde que se detectaron los primeros enfermos, a
mediados de la década del 80, se han infestado 4,165 personas. En la
actualidad viven 3,098 personas con el VIH. De los 1766 que han
enfermado de SIDA, 1002 han fallecido. Más del 99 por ciento adquirió
la infección por vía sexual, el 0.2 (o sea 9 casos) por vía vertical
(madre a hijo) y 0.4 por ciento parenteral (16 casos, de ellos 7 por
transfusión de sangre). Del total de personas infestadas, el 78.8 por
ciento son hombres y el resto -21.2 por ciento- mujeres. La tasa de
incidencia del SIDA por millón de habitantes ha fluctuado en los
últimos cinco años de 8.9 en 1996 a 31.8 en el 2001. El lento
crecimiento de la epidemia y la disminución en el número de fallecidos
por la aplicación de la terapia antirretroviral, ha sido posible
gracias a que los enfermos reciben gratuitamente su tratamiento y por
el fuerte trabajo en el terreno de la educación y la protección, así
como la divulgación de la enfermedad y las formas de prevenirla.
En diversas reuniones internacionales, tanto el Presidente cubano
Fidel Castro, como el Vicepresidente Carlos Lage, han reiterado la
disposición solidaria del país de ayudar al continente africano a
enfrentar la pandemia con el envío de 4,000 médicos y paramédicos
cubanos a los países más necesitados, antirretrovirales para 30 mil
pacientes, los equipos y kits diagnósticos necesarios para los
programas básicos de prevención y los profesores cubanos necesarios
para crear 20 Facultades de Medicina, si existe apoyo financiero por
parte de los países desarrollados.
Durante los últimos años, el gobierno cubano ha enfrentado los
problemas económicos y la crisis económica internacional, con medidas
encaminadas a recuperar la caída del PIB. En ningún momento la
respuesta ha sido de carácter neoliberal ni adoptada de espaldas al
pueblo, como fue característica en la mayoría de los países de la
región. Se priorizó la protección a los sectores de la población de
más bajos ingresos y mantuvo la igualdad en los accesos a los
servicios básicos -educación, salud, seguridad social- directos e
indirectos. Se ha logrado mantener la entrega de una canasta básica de
alimentos a todos los ciudadanos, con acceso equitativo y a precios
subsidiados por el Estado, la que aporta más del 50 por ciento de las
calorías necesarias y no ha tenido variación de precios en los últimos
20 años (Los subsidios estatales a la canasta básica y el consumo
social fueron en el año 2000 el 2.9 por ciento del PIB). La apertura a
la inversión de capital extranjero, necesaria para reanimar zonas de
la economía nacional carentes de financiamiento, se hizo tomando en
cuenta los intereses estratégicos de la nación, la preservación de la
soberanía y la identidad nacionales.
Como resultado de la tendencia creciente de la feminización de la
fuerza técnica y profesional en Cuba, que actualmente alcanza el 66,6%
, la mujer tiene una mayor presencia y protagonismo en la gestión
ambiental en el país. Según datos del Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) de la Organización de
Estados Americanos (OEA) de 1999, Cuba es el país con el mas alto
índice de mujeres investigadoras en relación con los hombres.
La principal contribución a la seguridad alimentaria del país ha sido
sin dudas a través de los cambios radicales propiciados en la
estructura de la propiedad de la tierra por las leyes de Reforma
Agraria de 1959 y 1963, mediante las cuales unos cien mil campesinos y
campesinas, la mayoría de ellos antiguos arrendatarios,
subarrendatarios y aparceros, recibieron títulos de propiedad. Con
estas medidas, se incrementaron las tierras agrícolas y cultivables,
se transformó la ganadería y aumentaron los niveles de regadío,
fertilización y mecanización. Los diferentes centros de producción,
investigación y universidades agropecuarias, creadas en los últimos
cuarenta años, han contribuido a incrementar la calidad de los
cultivos y el desarrollo tecnológico del campesinado cubano. Ante el
descenso de la producción nacional de alimentos y de la reducción de
la capacidad de compra en insumo y alimentos, en el año 1994 se
introdujeron cambios en las formas de producción, entre los que se
encuentran la transformación de las grandes empresas estatales a otras
de menor dimensión y mayor autonomía y el fortalecimiento de la
agricultura urbana, tomando en cuenta los patrones de la agricultura
sostenible.
No obstante los esfuerzos realizados para incrementar la producción
nacional, la dependencia de los suministros externos sigue siendo muy
significativa. Ello, unido a las constantes disminuciones de los
precios de los productos de exportación y aumentos en los de
importación, las barreras arancelarias y no arancelarias que enfrentan
Cuba y el resto de los países del Tercer Mundo, hace que se mantenga
una restricción sensible en la disponibilidad de alimentos básicos y,
por consiguiente, el nivel de satisfacción de los requerimientos
nutricionales no se ha recuperado aún, en comparación con los
disponibles en 1989.
Un número importante de ONGs cubanas tienen como tarea fundamental de
su trabajo el incremento de la producción de alimentos y el desarrollo
rural, con lo que juegan un papel importante en las transformaciones
estructurales de la agricultura, consolidan modelos de desarrollo
productivos, eficientes y sostenibles, mejoran la alimentación animal,
la nutrición y el manejo de los rebaños y promueven la participación
popular -fundamentalmente de la mujer- en la agricultura, con un bajo
costo para los productores.
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