El Derecho Ambiental en Estados Unidos

Por Ángel Fernández-Rubio Legrá*


«De este pueblo del Norte hay mucho que temer, y mucho que parece verdad y no lo es, y mucha forma de grandeza que está buena por dentro, como las esculturas de azúcar».
José Martí

El mundo enfrenta hoy múltiples y significativos problemas ambientales. Estos fenómenos se están produciendo motivados por los impactos impuestos de un planeta dinámico y están cruzándose los efectos de modelos de conflictos, pobreza y enfermedades.

 

Los cambios que tienen lugar son, en realidad, cambios entre las relaciones humanas y la naturaleza. Son actuales, profundos y se están acelerando. Estos cambios causados por el hombre al ambiente global requieren sociedades capaces de desarrollar múltiples respuestas creativas y estrategias de colaboración.

La Tierra es un sistema que la vida misma ayuda a controlar, donde intervienen procesos biológicos, físicos y químicos. El cambio global es mucho más que el cambio climático; es real, se está produciendo ya y se está acelerando. Las actividades humanas influyen significativamente de muchas formas en el sistema de la Tierra; son claramente identificables e iguales a las grandes fuerzas de la naturaleza en su extensión de impactos: sus magnitudes y niveles de cambio no tienen precedentes.

Para enfrentar los problemas del cambio global, la sociedad necesita normas sólidas y efectivas. Desde la antigüedad ha sido asunto de estudio político y filosófico la protección y conservación de los ecosistemas ambientales. Es necesaria la existencia de reglas de Derecho eficaces y eficientes, lo que explica su importancia creciente para resolver problemas políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad contemporánea.
El Derecho Ambiental es un instrumento que refleja e implementa la responsabilidad política de la sociedad hacia los problemas que afectan nuestro contorno ambiental.

Hoy día, dentro del cambio global, el cambio climático y el sistema terrestre, adquiere gran significación el estudio del Derecho Ambiental en Estados Unidos (EE.UU.), principal gobierno imperialista, guerrerista, hegemónico y violador de los derechos humanos.
Los pasos dados por EE.UU. para dar solución a los problemas ambientales han servido de base en la legislación de varios países desarrollados y subdesarrollados. Por lo general, su aplicación se ha realizado sin tener en cuenta las diferencias culturales, económicas y sociales existentes entre los Estados.

Si bien EE.UU. es considerado como el primer país que planteó erigir y consolidar una responsabilidad y una política ambiental, desde el punto de vista estrictamente ambiental su posición resulta paradójica y contradictoria. Su Gobierno ha suscrito menos instrumentos jurídicos internacionales que cualquier otro, y no es parte de instrumentos de alto perfil, como el Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático (1997), el Convenio sobre Diversidad Biológica y su Protocolo sobre Bioseguridad (1992), el Convenio de Basilea sobre Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación (1989), la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), el Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres (1979); y el Protocolo sobre la Protección de Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado (1986), entre otros que aunque los ha ratificado o se ha adherido a ellos, los viola regularmente.

Para el Gobierno de EE.UU., nada que pueda afectar los sagrados principios e intereses del comercio capitalista, de sus formas de propiedad y en especial de las acciones de las empresas transnacionales y sus bancos, pueden ser admitidos como base de los instrumentos jurídicos ambientales. Entre sus principales rasgos se encuentran los siguientes:

El Gobierno de EE.UU. es el que mayor contaminación global produce en todos los ecosistemas mundiales, incluyendo el espacio ultraterrestre y el territorio de su propio país.
La utilización de las guerras y los conflictos armados como elementos de política nacional e internacional para infundir el terror y el miedo entre los pueblos y gobiernos.
La protección del tráfico de armas, de drogas, de seres humanos, de biodiversidad y otros negocios ilícitos, los que utiliza como medio de compulsión y chantaje hacia otros pueblos, gobiernos y funcionarios.
En nombre de la democracia, la libertad y los derechos humanos, manipula organismos internacionales, gobiernos y funcionarios.
Utiliza la protección del medio ambiente como pretexto para intervenir en países, invadir territorios, producir nuevas armas, imponer tratados, entre otras acciones.
El empleo del Derecho Ambiental como instrumento político para justificar sus frecuentes y múltiples agresiones e intervenciones contra la naturaleza y la sociedad.
El no-derecho, la no-cultura, la corrupción y el soborno como herramientas permanentes para enervar los sentimientos patrióticos, éticos y morales de los pueblos.

Esbozo histórico del ambientalismo en EE.UU.
La supuesta preocupación del Gobierno de EE.UU. por el medio ambiente es producto del desarrollo y el crecimiento industrial desde finales del siglo xix. Los inmigrantes que llegaron procedentes de Europa comenzaron a residir en su territorio durante los siglos xvii, xviii y xix, le prestaron poca atención al ambientalismo y a la conservación de los recursos naturales existentes. Los suelos eran tan abundantes y ricos en recursos naturales que los primeros inmigrantes no se preocuparon originariamente por el uso y la adaptación del mundo que les rodeaba a las necesidades humanas.

En contrapeso al esfuerzo supremo de explotación de los recursos naturales que caracterizaron a los gobiernos de EE.UU. en el siglo xix, surgieron dos corrientes de pensamiento: el conservadurismo y el proteccionismo, cuyos movimientos trabajaron unidos para oponerse a todo tipo de explotación de las tierras públicas, unión que no duró mucho ante diferentes criterios sobre su utilidad y aprovechamiento.

A finales de los años sesenta del siglo xx, emergió una nueva fuerza político-social, con el nombre de «ambientalismo». En ese período los bienes materiales eran relativamente abundantes, y sirvió de estímulo a la calidad de vida. Se habían producido avances en la ciencia de la ecología, el estudio de las interrelaciones de los seres vivientes y el mundo natural; se había originado un gran incremento en el volumen y clases de contaminantes asociados, incluyendo los químicos, tóxicos y los pesticidas. Libros como Primavera silenciosa, de Rachel Carson (1962), y The Population Bomb, de Paul Ehrlich, llamaron la atención pública sobre la contaminación del mundo natural y el crecimiento de la población.

Las agencias tradicionales del gobierno para la conservación de los recursos, como el Buró de Reclamaciones, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Comisión Federal de Energía y el Departamento del Interior, eran considerados incapaces para salvaguardar el interés común.

El movimiento ambientalista muy pronto se convirtió en una poderosa fuerza política. El 22 de abril de 1970 se adoptó en EE.UU. el «Día de la Tierra», cuando millones de personas, principalmente jóvenes y estudiantes, se movilizaron en todo el país para hacer demostraciones en oposición a los abusos contra la naturaleza, contra la guerra de Vietnam y por la democratización de las universidades. Se paralizaron las escuelas y centros de estudios secundarios y universitarios, y otras instituciones oficiales y no gubernamentales; varios medios informativos se hicieron eco de que más de veinte millones de personas se habían movilizado en esos propósitos.

El sistema jurídico ambiental de EE.UU.
La protección del medio ambiente en EE.UU. no siempre se ha apoyado en un conjunto firme de normas y disposiciones jurídicas. Durante el período 1960-1969 se aprobaron las primeras leyes de protección de los recursos naturales. La conformación del Derecho Ambiental se realizó principalmente por leyes específicas.

A partir de la década de los setenta en el siglo xx comenzó a establecerse una regulación jurídica a nivel federal. Las principales leyes ambientales son federales, por cuanto se requiere una aproximación unitaria y uniforme, responsabilidad que los Estados por sí solos no tienen la capacidad suficiente para ofrecer el grado de protección ambiental que las circunstancias requieren.

El marco regulatorio entre las instancias federal y estatal
Desde sus orígenes, el marco regulatorio ha estado caracterizado por la mayor presencia y participación de los Estados y los niveles locales en el control de la contaminación.
En la década de los sesenta, y especialmente en los años setenta, la instancia federal comenzó a tener una mayor participación con la aprobación de un gran número de normas útiles, dada la imposibilidad de los Estados para afrontar los problemas de la contaminación.

Hasta entonces, el marco regulatorio estaba determinado por una percepción sectorial y fragmentada ante la carencia de un esquema integral de control de la contaminación, tanto desde el punto de vista substantivo como procedimental u organizativo. Cada estado sólo podía ejercer sus competencias en el ámbito de su territorio, por lo que la efectividad de las normas federales era limitada.

La inexistencia de una estrategia de protección general a nivel federal y la presencia de Estados con regulaciones más laxas que atraían a los inversionistas industriales hacia su territorio, provocaron que los efectos de la contaminación tuvieran una rápida y mayor divulgación en todo el país.

La gravedad de la situación anterior contribuyó a que la instancia federal empezara a asumir un papel más importante y así frenar los efectos originados en la competencia interestatal desleal, y que se relajaran los estándares y regulaciones ambientales por debajo de los estándares existentes en otros Estados.

La Ley Nacional de Política Ambiental
El origen de esta norma, The National Environment Protection Act (NEPA), se encuentra en la última década de los años sesenta, como respuesta legislativa ante el despertar de un sentimiento ambientalista ecológico, que se estaba conformando en la sociedad norteamericana y que tanto el Gobierno como el Poder legislativo no podían obviar.
Esta Ley no es una ley substantiva, en el entendido de que no impone a las instancias gubernamentales la consecución de determinados resultados en una materia concreta. La NEPA no se aplica en los Estados federados ni a los ciudadanos particulares. Se trata más bien de una ley eminentemente procedimental y procedimentalista. Conforme a la misma, se detalla únicamente el proceso de toma de decisiones y las formas de actuación que el Gobierno y las agencias federales deben tener en cuenta en sus resoluciones cuando las mismas puedan tener ciertas repercusiones sobre el medio ambiente. En definitiva, la dimensión ambiental alcanza una especial virtualidad en el plano del conjunto de las decisiones que puedan adoptarse por cualquier órgano administrativo, permitiendo al público en general participar en el proceso de toma de decisiones.

Los aspectos más relevantes de la NEPA se encuentran en la Sección 2 de la Ley, de lo que resulta una gran carga valorativa. En el párrafo 4321 se afirma en forma precisa que el propósito de la Ley es: «Declarar una política nacional que estimule la armonía productiva y agradable entre el hombre y su ambiente: para promover esfuerzos que eviten o mitiguen daños en el ambiente y la biosfera, promuevan la salud y el bienestar del hombre; para enriquecer la valoración de los ecosistemas y los recursos naturales importantes para la nación, y establecer un Consejo de Calidad Ambiental». La NEPA se estructura sobre un eje de tres elementos de máxima relevancia: a) la declaración de una política nacional en materia de medio ambiente; b) el empleo de medios para prevenir o eliminar el daño general en el ambiente; c) circunstancia ésta que se concreta con la implantación de una declaración de impacto ambiental, que deberá realizarse ante toda acción relevante a nivel federal que pueda afectar la calidad del medio ambiente.

La Agencia de Protección Ambiental
La Environmental Protection Agency (EPA) es una Agencia dependiente directamente de la Oficina Ejecutiva del Presidente de EE.UU., con una estructura bastante compleja. La Agencia Federal tiene su sede central en Washington. Para la correcta administración ambiental en el país, el territorio se dividió en diez regiones, dentro de las cuales se localiza una Oficina Regional de la Agencia en Boston, Nueva York, Philadelphia, Atlanta, Chicago, Dallas, Kansas City, Denver, San Francisco y Seattle.

El origen de la Agencia responde al propósito de crear un ente organizativo capaz de concentrar un marco institucional ambiental integrado de acción en la lucha contra la contaminación ambiental. La EPA es el resultado de la agrupación de áreas o campos de acción de hasta diez Agencias independientes precedentes en el tiempo y en las que se encuentran, entre otras, la División de Regulación de Pesticidas, en el Departamento de Agricultura; la Administración Federal de Calidad del Agua, y la Oficina de Salud Radiológica, en el Departamento de Salud, Educación y Bienestar.

Estándares
El establecimiento de estándares es la técnica más extendida en la aplicación del Derecho en los problemas ambientales para las actividades de contaminación y producción de daños, y su puesta en vigor es mediante reglamentos, ordenanzas o instrucciones. Esos pasos, en conjunto, son conocidos como regulaciones «directas» o de «control y mando» (Command and Control, en inglés).

Los estándares se clasifican en estándares de emisión, de calidad ambiental, de procedimiento y de producción. Estos pueden ser uniformes, en razón de que se aplican consistentemente en toda una industria o Estado, y pueden ser individualizados, por cuanto se aplican diferentes controles o niveles de grupos particulares de individuos dentro de una industria o Estado.

El proceso de establecimiento de estándares en EE.UU. es más abierto, estructurado sobre una base más disuasiva y menos contradictoria que como se aplica en otros países.

Conformación del Derecho Ambiental
En la búsqueda de otros mecanismos que posibiliten afrontar con mayores garantías una protección del medio ambiente más adecuada, empieza a organizarse un verdadero sistema del Derecho Ambiental, como conjunto de normas que traspasa los límites del Common Law.

Se define el sistema del Derecho Ambiental como un modo organizado de utilizar todos los recursos del sistema jurídico del país para disminuir, proteger, sancionar o remediar las consecuencias de las acciones que amenazan o dañan el ambiente, la seguridad y la salud pública.

Este sistema de Derecho Ambiental no se limita únicamente a la recopilación de normas y disposiciones de todo tipo, sino que incluye además de la Constitución, los estatutos, resoluciones, instrucciones y estándares, reglas de procedimiento, el Derecho comunitario (o Common Law) y el Derecho Penal, con el fin de que sean utilizados todos al servicio de la protección ambiental. En resumen, la aprobación de leyes ambientales en EE.UU. se integra dentro de un proceso más amplio por el que se aspira dar respuesta a las demandas de la comunidad de contenido cultural y moral, relativa a aspectos tales como las condiciones de trabajo, la eliminación de la discriminación en el empleo, la protección de los consumidores, la salubridad e higiene de las ciudades, entre otros.

El Derecho Ambiental norteamericano presenta, además, las características siguientes;
a) Su principal cuerpo normativo está integrado por un conjunto de disposiciones, que si bien en sus inicios, en los años setenta, cuando se aprueban la mayor parte de ellas, no eran muy extensas, las continuas modificaciones y aprobaciones posteriores han conducido a los operadores jurídicos (jueces, abogados, fiscales y otros) a la necesidad de hacer frente a unas leyes extensas y complejas. En los años setenta, la media de las normas era de unas cincuenta páginas, para sobrepasar las quinientas páginas por cada norma en los años noventa. Por ejemplo, The Clean Air Act en su versión original tenía 68 páginas, mientras que en los años noventa enmiendas introducidas condujeron a una norma de ochocientas páginas, sin contar las disposiciones de desarrollo, que por sí solas exceden las diez mil páginas.

b) En lo relativo a la tutela ambiental, las principales disposiciones de control de la contaminación en los medios naturales (agua, atmósfera, suelos, etc.), reconocen una acción pública a los ciudadanos (Citizen Suit), que les posibilita emprender acciones legales contra personas físicas por incumplimiento de las condiciones establecidas en su permiso ambiental, contra una agencia federal. Por ejemplo, la Sección 505 de The Clean Water Act, reconoce el derecho de cualquier persona o grupo de personas que acredite cierto interés, a iniciar acciones legales en el orden civil.

c) Todo sujeto que pretenda desarrollar una actividad que pueda provocar efectos dañinos para el medio ambiente ha de probar que en ese caso concreto la actividad no va a resultar nociva, extremo que los sitúa ante una inversión de la carga de la prueba que ahora recae sobre el sujeto interesado en el desarrollo de la actividad y no en el sujeto que defiende la calidad del medio natural, a quien de otro modo le correspondería probar los efectos perjudiciales de dicha actividad.

La protección ambiental en la Constitución de EE.UU.
La Constitución federal de EE.UU. no recoge una mención explícita al derecho de los ciudadanos a gozar de un medio ambiente adecuado o sustentable, como aparece hoy día en la gran mayoría de las constituciones de América Latina y el Caribe.

Se han producido intentos doctrinales y jurisprudenciales para reconocer ese derecho en el seno de la propia Constitución federal, tomando como punto de partida una interpretación del resto de las disposiciones del texto constitucional, fundamentada sobre la base de la IX Enmienda.

Dado que la mayoría de las regulaciones ambientales impactan directa o indirectamente en el comercio entre los Estados, la Corte Suprema raramente determina que las leyes ambientales están más allá de la competencia federal.

El texto constitucional no establece una mención explícita al derecho de los ciudadanos a gozar de una protección ambiental, aunque existen intentos doctrinales y jurisprudenciales al respecto. Los pronunciamientos jurisprudenciales del Tribunal Supremo federal que han decidido sobre esta cuestión, han negado sistemáticamente dicha posibilidad, mostrándose reacios a reconocer ese derecho, bien mediante la IX o la XIV Enmienda, o por cualquier otra disposición en el texto federal, de ahí que la opción última haya sido la de proceder a su «administrativación» en nivel infrainstitucional.

Con el fin de resolver esta situación (la falta de mención en el texto constitucional), algunos Estados incluyeron una cláusula en sus respectivas constituciones, reconociendo la protección ambiental como derecho consagrado a escala constitucional. Esta situación existe en la Constitución del Estado de Pennsylvania (Artículos 1 y 27), de Rhode Island (Artículos 1 y 17) y de Illinois (Artículo XI.2).

La Enmienda X de la Constitución reserva todas las facultades que esta no delega ni prohíbe a los Estados, «quedan reservadas en los Estados respectivamente o al pueblo». A pesar de la predisposición aparente hacia la legislación de los estados, en la práctica una amplia competencia federal para la protección ambiental se ha desarrollado de la «cláusula comercial» (Artículo I, Sección 8) de la Constitución, que plantea en el párrafo 3: «El Congreso tendrá facultad para reglamentar el comercio con naciones extranjeras, así como entre otros Estados y con las tribus indias».

En la mayoría de las naciones la facultad parlamentaria está sujeta a límites constitucionales. En EE.UU., por ejemplo, el Presidente puede vetar las leyes congresionales y el Congreso debe aprobar por una mayoría de 2/3 cualquier proyecto de ley que éste desee se apruebe a pesar del veto presidencial. Las primeras diez enmiendas de la Constitución (la Declaración de Derechos y las siguientes enmiendas, limitan las facultades del gobierno federal y de los estados. La Corte Suprema está facultada para determinar si la legislación gubernamental viola esos derechos fundamentales y, si es así, vetarlos por inconstitucionales.

La aplicación jurisdiccional de la legislación ambiental en EE.UU.
Por acceso a la justicia ambiental se entiende la posibilidad de obtener la solución expedita y completa por las autoridades judiciales de un conflicto jurídico de naturaleza ambiental, lo que supone que todas las personas están en igualdad de condiciones para acceder a la justicia y para obtener resultados socialmente justos.

Entre las insuficiencias generales que presenta la administración de justicia, se pueden mencionar las siguientes: a) la escasa capacidad de respuesta a las necesidades de los particulares; b) inexistencia de suficientes operadores jurídicos calificados en el campo ambiental; c) el costo y el tiempo del litigio en el caso de pequeñas demandas; d) la complejidad científico-técnica de los casos ambientales, lo que dificulta su comprensión y exige pruebas que son costosas; e) la variedad de los intereses en juego, que habitualmente son intereses colectivos y difusos, lo que hace necesaria una especial disponibilidad económica y técnica para hacer valer sus intereses; f) la eventual existencia de un interés social que exige a su vez la participación de órganos públicos (fiscalía, etc.) que lo representen; g) la propia naturaleza del Derecho Ambiental, que demanda una preparación calificada de abogados y jueces.

Protección ambiental en la proyección interna
A continuación se expone un resumen del escrito de Russ Hoyle, editor del libro Gale Environment Almanac.
Los asuntos de mayor interés para el ciudadano norteamericano promedio, son los referidos a su salud y la de su familia.

Se estima que de los 120 billones de dólares asignados a la protección ambiental en 1992, unos 100 billones, o más de 80%, fueron gastados para mitigar el daño ocasionado al ambiente y a la salud de la población por la contaminación tóxica peligrosa. Para el año 2000 se esperaba que los gastos ambientales excedieran la cifra de $200 billones. Para el año 2020 los estimados eran de ¾ de un trillón, sólo para limpiar las substancias tóxicas peligrosas del aire, los suelos y el agua.

El descontrol de las investigaciones sobre las armas nucleares, sus facilidades de producción y desarrollo que ha estado operando desde los días del Proyecto Manhattan en los años cuarenta por el Departamento de Energía, la magnitud de los problemas en EE.UU. salieron a la luz pública por primera vez a finales de los ochenta del siglo pasado, y éstos no han dejado de crecer. El Departamento de Energía valoró la extensión de la contaminación en 110 de las mayores instalaciones en 34 Estados. Para 1993, habían sido identificados unos cuatro mil sitios individuales de desechos peligrosos, que ocupaban 26 000 acres.

A su vez, los militares habían identificado unos 18 000 sitios potencialmente contaminados en 1 877 bases militares, instalaciones navales y otras instalaciones para la defensa del país. La mayoría de las poluciones militares son causadas por productos del petróleo, solventes químicos, bombas sin explotar y radiaciones.

En las instalaciones industriales se identificaron unos 1 235 sitios de desechos abandonados en todo el país, que se consideraron riesgosos para la salud humana. Desde que se aprobó en 1980 la Ley de «Superfund», otros 35 579 sitios potencialmente peligrosos habían sido incluidos en la lista de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que deberían ser descontaminados, ya sea por el gobierno federal, o por los gobiernos locales, y/o los negociantes privados. Investigadores de la Universidad de Tennessee llegaron a calcular que el total de dinero que se debería controlar por Superfund para tales fines sería de aproximadamente $151 billones en los próximos veinte años.

Asimismo, unos 3 500 de los 5 100 sitios activos de desechos peligrosos para tratamiento, depósitos locales y otras facilidades alrededor del país, y operados por la industria, requerirán tratamiento costoso de limpieza.

Los tanques almacenados en espacios subterráneos con rajaduras y filtraciones en otros 295 000 sitios, que contienen unos 56 millones de yardas cúbicas de suelo y escombros contaminados, estaban siendo limpiados en un promedio de 30 000 por año. Solamente para la limpieza de tanques con salideros se calculó un costo de unos 30 billones de dólares. Se estimó que para el año 2020, ese costo sería de $234 billones.
He aquí otras notas aparecidas en el libro Almanac of the Environment. The Ecology of Everyday Life, en las páginas 26 y 27:

Durante sus cuatro décadas de operaciones, la industria de fabricación de armamentos ha trabajado en secreto, casi en una forma culterana de sociedad escudada por leyes de seguridad nacional y laxitud burocrática. Las recientes revelaciones han sido asombrosas.
En EE.UU. se arrojan a la atmósfera cada año unos 25 millones de toneladas de dióxido de azufre; -en la planta procesadora de uranio cerca de Fernald, Ohio, han llevado millones de toneladas de desechos radiactivos a pozos cercanos al Great Miami River; -partículas radiactivas han sido lanzadas a la atmósfera y en fecha tan temprana como 1958, el operador de la planta informó al Gobierno que tanques que contenían miles de litros de radio y otros desechos radiactivos tenían filtraciones y estaban derramando. Los tanques todavía están en servicio; -en la Planta Hannford, procesadora de plutonio, en Washington, 200 billones de galones de desechos han sido derramados en hoyos y grandes cantidades de yodo radiactivo fueron disueltos en la atmósfera.
Durante las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado, el gobierno norteamericano detonó unos 124 dispositivos nucleares en el desierto de Nevada…
Como una muestra de «autocrítica y franqueza», el Departamento de Energía hizo pública una larga lista de accidentes, fallos en los equipos, errores de procedimientos, incidentes contaminantes y disputas entre ingenieros y sus jefes…

Las preguntas que quedaron en el público que conoció esta situación fueron las siguientes:
1. ¿Qué hacer con los millones de galones de desechos radiactivos acumulados en las fábricas constructoras de bombas?
2. ¿Cómo pagar por la limpieza que es necesario hacer?
3. ¿Cuántos otros cientos de billones de dólares serán necesarios invertir por los años de negligencia ambiental?

Hacia el exterior: las guerras y los conflictos armados
Las guerras y los conflictos armados son factores de desestabilización y destrucción social, y del medio ambiente.

EE.UU. ha tenido un papel relevante en la gran mayoría de las guerras y conflictos armados que se han producido desde la terminación de la Segunda Guerra Mundial en 1945, hasta nuestros días. Muchos politólogos, sociólogos e historiadores estiman que el número de muertos y desaparecidos, oficial o extraoficialmente, en los que ha estado directa e indirectamente involucrado el Gobierno de EE.UU., sobrepasa la cifra de más de treinta millones. A continuación se mencionan algunos de los fenómenos más significativos:

Agosto 6 y 9, de 1945. Bombardeo de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki con bombas nucleares de más de 5 kt.
Vietnam. Entre los años 1965 y 1975 fueron destruidos por sustancias químicas y toxínicas más de 1 839 950 hectáreas de suelos cultivados y resultaron intoxicadas más de 650 000 personas, y 65% de los bosques fueron destruidos.
Intervención militar de EE.UU. en Corea, entre 1950 y 1960.
Intervención militar de EE.UU. en Camboya, en 1970.
Guerra del Golfo, 1990. Empleo del uranio empobrecido, utilizado desde 1977 por EE.UU. para revestir municiones convencionales: artillería, tanques, aviones, etc. Este material radiactivo también fue utilizado contra Corea, Iraq, Yugoslavia y Afganistán.
La práctica regular del terrorismo ha alcanzado niveles jamás pensados mediante el empleo de torturas, cárceles clandestinas en diferentes países, voladura de aviones civiles, buques, entre otras manifestaciones de terrorismo.
Realización de más de 1 054 explosiones de pruebas nucleares, en muchos casos con una potencia superior a las bombas de Hiroshima y Nagasaki.
Invasión de Panamá, Haití, República Dominicana, Colombia, Nicaragua, el Salvador, y otros países.
Empleo de armas biológicas (biotecnológicas) y toxínicas (químicas), bombas de racimo, bombas láser, bombas de profundidad, «bombas inteligentes», etc. Cuba fue víctima más de una vez de las armas biológicas y químicas estadounidenses.
El espacio ultraterrestre se proyecta como polígono de guerra, mediante el empleo de nuevas armas sofisticadas terrestres, subacuáticas y en la atmósfera.
Aproximadamente 25% de los conflictos armados originados durante los últimos años estuvieron motivados por el apoderamiento de recursos de todo tipo.
Las fuerzas armadas están organizadas como fuerzas de seguridad privadas y no privadas, incluyendo además paramilitares y mercenarios contratados mediante empresas transnacionales vinculadas o pertenecientes al alto mando militar.
Minas terrestres. Aproximadamente 230-245 millones de minas antipersonales se encuentran almacenadas, y unos 40-50 millones se encentran enterradas, ocupando unos 25 millones de km2 de suelos. El número de víctimas fatales por esta causa cada año es superior a 7 000.
Cultura: Destrucción de museos, bibliotecas, teatros, instalaciones deportivas, escuelas y otras instalaciones civiles. Los casos más recientes fueron Iraq, Afganistán y Kosovo, entre otros.

EE.UU. y los efectos del cambio climático
Entre los últimos informes y manifestaciones públicas sobre estos fenómenos, se pueden citar los siguientes: a) Informes del Panel Internacional General sobre el Cambio Climático (PIGCC), marzo de 2008; b) Informe de Nicolás Stern, exfuncionario del Banco Mundial, actualmente asesor del Gobierno inglés, en el que aborda los problemas relativos a los cambios climáticos y plantea la urgencia de tomar medidas, considerando la situación como un fracaso de la economía de mercado, octubre de 2006; c) documental de Al Gore, «La verdad incómoda»; d) Informe del PNUD sobre Desarrollo Humano, 2007-2008: e) Declaración de James Hansen, principal especialista de la NASA, Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, quien expresó a la AFP (Agencia Francesa de Prensa): «Me ha quedado claro en el curso de los últimos años que tanto el poder ejecutivo como el legislativo han estado fuertemente influenciados por los intereses específicos del sector de las energías fósiles, subrayó. (…) La industria induce al error al público y a los responsables políticos sobre las causas del cambio climático. (…) Durante una audiencia en el Congreso, Hansen denunció las interferencias que impiden que las informaciones científicas alcancen al público luego de llegar al gobierno del presidente George W. Bush».

La contribución al total de las emisiones de gases de efecto invernadero por EE.UU. es muy alta, y el impacto para el calentamiento global se manifiesta no sólo en su territorio sino en el resto del mundo en diferentes sectores: a) en la provisión de agua dulce para consumo humano, riego y desarrollo de la pesquería y la acuicultura; b) en las zonas costeras, afectando las condiciones de vida de diversas especies, como los corales, el fitoplancton, el krill y otros; c) en el nivel del mar, que afecta la vida de todas las poblaciones costeras; d) en la agricultura, en lo relativo al régimen de lluvias y la sequía; e) en la salud humana; y f) en las actividades económicas en general, dado que el clima tiene un papel decisivo en todas las actividades humanas.

Las principales causas del calentamiento global están relacionadas con el papel del hombre en actividades tales como: la producción y uso de energía, la deforestación, la agricultura, las actividades industriales no energéticas y las actividades relacionadas con las guerras, los conflictos armados, el terrorismo y otros actos ilícitos, como el tráfico de armas, drogas, y biodiversidad; el tráfico de seres humanos; la piratería marina, y otros actos ilícitos. Otra causa importante de la contaminación son los vehículos de motor, cuyo número total en EE.UU., registrados en 1999, era de 216 308 623, cifra que actualmente debe estar cercana a los 250 millones, si no la sobrepasa.

Según los estimados de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU., las reducciones de las emisiones requeridas para estabilizar las concentraciones atmosféricas a los niveles actuales, son las siguientes: de 50 a 80% el dióxido de carbono, de 10 a 20% de metano, de 75 a 100% de clorofluorocarbonos, de 80 a 85% de óxido nitroso.

Aunque el Gobierno de EE.UU. ratificó el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, actualmente es el único país miembro de las Naciones Unidas que no ha ratificado el Protocolo de Kyoto. Éste es un acuerdo complementario en el cual se precisan e instrumentan los derechos, las obligaciones, los mecanismos y los institutos que en la Convención se definen en términos generales.

El Protocolo de Kyoto introduce los elementos siguientes: a) las metas cuantificables, expresando límites de emisión y plazos para su cumplimiento; b) los mecanismos para el cumplimiento de las metas; c) los derechos negociables de emisión; d) el cumplimiento conjunto de las metas; e) el mecanismo de un desarrollo limpio.

El Gobierno de EE.UU. tiene la oportunidad de apoyar de manera importante, en términos políticos y jurídicos, el combate contra el cambio climático. No es suficiente que el Gobierno ratifique el Protocolo de Kyoto, al igual que hizo con la Convención Marco, sino que es necesario que asuma real y efectivamente el compromiso de reducir la emisión de los gases de efecto invernadero, mediante el no fomento de las guerras, los conflictos armados y demás actos ilegales sobre los cuales ellos son sus principales promotores a nivel global.

Un elemento importante de apoyo está en la construcción y aplicación de la legislación nacional sobre cambio climático, lo que supone la revisión y adecuación de muchas normas jurídicas vigentes en la instancia federal y en los Estados, así como la creación de nuevas normas jurídicas de modo que todas ellas concurran en la consecución de dichos objetivos en diferentes sectores, y en especial la legislación sobre los temas siguientes: a) recursos energéticos en lo relativo al mejoramiento y sustitución de combustibles, el ahorro y uso eficiente de energía, y las fuentes renovables de energía; b) recursos naturales en temas relativos al incremento de la captura de carbono y la sustitución de emisiones derivadas del uso de combustible fósiles; c) actividades agropecuarias, la capa vegetal y los suelos forestales; d) actividades de transporte; e) fabricación y construcción de nuevos armamentos; y f) participación efectiva en el mecanismo de desarrollo limpio, etcétera.

El Gobierno de EE.UU. no es ajeno a los graves problemas ambientales globales que se plantean actualmente para la humanidad, tanto en informes oficiales, como de algunas personalidades individuales, organizaciones ecologistas y una buena parte de la prensa internacional, como también mediante medios alternativos de información en Internet. Una lectura simple de la estructura de administración del Derecho Ambiental en EE.UU., con sus diversas agencias, permite verificar que los fenómenos ambientales estatales y globales están bajo el control de las máximas autoridades ejecutivas del Gobierno, con sus respectivas agencias.

Consideraciones finales
Resulta de particular importancia que los estudiantes y profesionales vinculados con los problemas ambientales conozcan, en sus elementos fundamentales, cómo está organizado y cómo funciona el Derecho Ambiental en EE.UU.
Varias de las instituciones jurídicas presentes en su sistema de Derecho Ambiental se aplican hoy día en muchos países, industrializados y no industrializados, con experiencias positivas y negativas, en dependencia de las formas de gobierno, sus sistemas económicos, políticos y sociales.
La estructura y organización del Derecho Ambiental de EE.UU. responde a normas constitucionales, disposiciones administrativas y procedimentales aprobadas principalmente a partir de la segunda mitad del siglo xx.
El Derecho Ambiental en su conjunto responde a los «sagrados intereses» de un Estado imperialista, hegemónico, ambicioso, egoísta e individualista.
Es el Gobierno que ha suscrito menos instrumentos jurídicos internacionales que cualquier otro, y varios de los que ha firmado, aprobado o ratificado, los viola sin decoro alguno.
Es el Gobierno que mayor daño produce en todos los ecosistemas globales, incluyendo el espacio ultraterrestre y el territorio de su propio país.
Utiliza las guerras y los conflictos armados como elementos de su política de terror nacional e internacional.
En nombre de la democracia, la libertad y la defensa de los derechos humanos, manipula, corrompe y presiona a organizaciones internacionales, gobiernos, partidos y ONG.
Un buen número de científicos que trabajan como oficiales de los distintos departamentos ambientales, universidades, institutos y centros de investigaciones ,expresan generalmente sus criterios bajo presiones de todo tipo.
La gran prensa, en sus diferentes instancias y centros de divulgación, son aliados de la no-información y la no-cultura, lo que se manifiesta de distintas formas, a saber: el silencio, las publicaciones en páginas internas, la utilización de «seudocientíficos» pagados para que den opiniones falsas sobre un determinado hecho o asunto, el «lobbysmo» y otras formas de engaño a la opinión pública.


* Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor Titular del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana.
e-mail: afrlegra@hotmail.com