La ley nuestra
de cada día



Por
Aejandro Montesinos Larrosa*


 

¿Cuántas veces hemos escuchado el bocadillo recurrente de quienes desalientan a los promotores de las fuentes renovables de energía: «Eso es muy bonito, pero los costos son muy altos; no compiten con los combustibles fósiles»? Sin embargo, al parecer ya no es un argumento muy sólido, por la espiral ascendente que caracteriza la cotización de los hidrocarburos, y por los relativos bajos precios en que comienzan a cotizarse las tecnologías solares; no obstante, continuamos quemando petróleo y gas, sin calcular cuántas bombas han sido lanzadas —y se siguen lanzando— por el acceso al petróleo, y sin un análisis público concluyente sobre las subvenciones que se incluyen en los presupuestos nacionales para mantener las matrices energéticas basadas en los combustibles fósiles.

Habría que insistir en un secreto a voces: en los precios de la energía y los combustibles tradicionales no se incluyen los costos medioambientales, que inevitablemente deberán pagar nuestros nietos, o antes nuestros hijos; ni la dependencia energética por la importación de combustibles, como espada de Damocles sobre las economías de los pueblos, ni la subordinación tecnológica exógena, con tecnologías cada vez más manipuladas por los petrodólares, que funcionan como lubricante de las danzas orgiásticas del capital transnacional. ¡Ni las guerras!

Ante tantos sinsentidos, toma cuerpo el Derecho Ambiental, como rama del Derecho que se ocupa de la protección del medio ambiente contra agresiones derivadas de la acción humana.

¿Cómo puede alguien otorgar licencia ambiental, sin al menos ruborizarse, para la prospección petrolera, y para la extracción de hidrocarburos, y para su combustión? ¿Cómo justificar la factibilidad económica y medioambiental de esas instalaciones, si ya el clima pasa su factura con signos aciagos?

«Absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad, las buenas leyes», canta Silvio Rodríguez detrás de su guitarra peleadora. Cierto, no basta con la Constitución y los planes económicos, pero los necesitamos.

En Cuba, donde se privilegia la combustión de hidrocarburos, la estructura energética se sostiene por legislaciones que no especifican el papel de las fuentes renovables de energía. Esa carencia actúa como una barrera ¿pasiva? El origen de ese contexto habría que buscarlo, también, en la ausencia de una norma jurídica, con sus correspondientes normas técnicas, que viabilice el desarrollo sostenible, basado en esas fuentes.
Un audaz marco regulador («regulatorio», se define con mayor frecuencia), con «sentido del momento histórico», actuaría como vaso comunicante entre las inversiones foráneas y los presupuestos estatales.

Cosecha exigua se obtiene desde el desabrigo institucional, presupuestario y legislativo en que se desarrollan las fuentes renovables de energía, a pesar de la voluntad política declarada. Sin esta última, el desarrollo sostenible carecería de velamen; y sin instituciones útiles y dinámicas, sin presupuestos solventes y crecederos, y sin leyes auspiciadoras, ningún viento moverá las velas.

¿Cuál norma jurídica adoptar? Muchas contingencias nos asechan, y cada paso exige sabiduría. Y una matriz energética basada en las fuentes renovables presupone, también, una relación individuo-estado diferente, pero ha llegado el momento preciso de dotarnos de un marco regulatorio para esas fuentes energéticas. Ya urge, porque, como nos alerta Martí, «los problemas se retardan, pero no se desvanecen. Negarnos a resolver un problema de cuya resolución nos pueden venir males, no es más que dejar cosecha de males a nuestros hijos».

No hay fuerza legal, por ejemplo, en la costumbre de «medir» el gasto energético en galones de petróleo (quemado). «Tonelada de petróleo equivalente», le llaman. Algún día, con la venia de Zeus, legitimaremos a los rayos solares para esos menesteres.
Más compleja y urgente resulta la tarea de transformar la actual norma jurídica que en materia de energía privilegia, incluso por omisión de las fuentes renovables, el uso de los combustibles fósiles para satisfacer nuestras necesidades energéticas.

So pena de errar en el juicio, Cuba demorará en la consecución de su autosuficiencia energética y económica si no priorizamos en los presupuestos y las leyes, con celeridad y conciencia, el salto hacia las fuentes renovables en su matriz energética.

La ley en sí no garantiza el ejercicio eficaz de un sistema energético sostenible; tampoco habrá cambios estructurales en la matriz energética sin la adopción de leyes propiciatorias.

* Escritor y editor. Ingeniero Mecánico y Máster en Periodismo.
Director de la Editorial CUBASOLAR y de la revista Energía y tú.
tel.: (537) 7977522.
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